Un poco de historia

Los servicios municipales han existido desde principio del 1800, con la promulgación de la Constitución en 1830, estos quedaron en manos del Ministerio de Gobierno, el cual dependía directamente de la Jefatura de Política del departamento, integrada por la Jefatura de Policía y la Junta Económico Administrativa (JEA).

A través de la Ley del 30 de junio de 1858, se da comienzo al proceso de municipalización, cuando los cementerios pasan al orden de la JEA.

En el año 1908, un segundo nivel de gobierno, para el nivel departamental de nuestro país, es creado bajo el nombre de Intendencia, su objetivo principal es el de ocuparse de los temas que conciernen a su límite territorial, siendo parte de su gestión los servicios municipales.

En la Reforma Constitucional del año 1918, estas, serían suprimidas y reemplazadas, siendo este nivel de gobierno nuevamente restablecido por el golpe de Estado de Gabriel Terra en 1933 y posteriormente por la Constitución de 1934.

En el año 1955 y 1967 se buscó suprimir a las Intendencias nuevamente, aunque su cometido se mantuvo a través de la creación de un Consejo Departamental.

La Constitución del año 1967, establece nuevamente y en forma definitiva la institución del segundo nivel de gobierno, denominada hasta el año 2009, como Intendencia Municipal. 

Desde el año 2009, amparados en los Artículos 262 y 287 de la Constitución de la República, a través de la Ley 18567, entra en vigencia un tercer nivel de gobierno, llamado Municipio, el cual debe de coordinar con el segundo nivel de gobierno, ahora denominado Intendencia.

A lo largo de la historia, el segundo nivel de gobierno fue dirigido por el Partido Colorado y el Partido Nacional hasta el año 1989, llegando al poder en el año 1990 el Frente Amplio, quien se encuentra gobernando hasta la actualidad.

En referencia al tercer nivel de gobierno, durante sus primeros cinco años, en sus 8 municipios la orientación política gobernante, fue la misma que la departamental, y desde hace una década se divide en municipios gobernados por el Frente Amplio y el Partido Nacional. 

Desde la existencia de los servicios municipales, existieron trabajadores organizados que llevaron reclamos y huelgas adelante, datando la primera huelga del año 1869, por la privatización del servicio de limpieza y el cese de parte de trabajadores que venían realizando la misma, pudiendo revertir la situación.

Sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la fundación de las denominadas Sociedades de Resistencia, se da comienzo al origen del sindicalismo “organizado” en nuestro país. Los obreros de limpieza, organizados en la Sociedad de Resistencia de Limpieza, llevaron en 1905 una huelga reivindicando entre varios puntos, el de la reducción de la jornada laboral a un máximo de 8 horas, este, fue el único punto conquistado en la primera negociación, aunque no para todos los trabajadores que brindaban servicios municipales, los demás puntos, y los servicios excluidos de las 8 horas de labor, pasaron a la órbita del senado, lo que implicó dilatación y llevó a que los trabajadores organizados siguieran tomando medidas. Ante esta resolución, la JEA, contrata los primeros rompehuelgas, para realizar los servicios municipales, intentando además romper la organización de trabajadores que había comenzado a formarse y estaba cada vez tomando más fuerza.

Corría el año 1942, el nivel de desempleo era enorme, ante esta situación, el entonces intendente, Benigno Paiva Irisarri (Partido Colorado), dio empleo a una gran cantidad de obreros para llevar adelante la tarea de la construcción de la rambla desde el Hotel Carrasco, hasta el hotel Miramar, donde hoy se encuentra la escuela naval.

A raíz de esta contratación, y la inestabilidad de la misma, los obreros conformaron una comisión para realizar planteos al intendente, la que obtuvo logros positivos, lo que ocasionó que otros sectores se fueran adhiriendo a esta, comenzando a dar forma a una estructura de sindicato municipal. 

El 27 de julio de 1947, luego de la existencia de las mencionadas Sociedades de resistencia y la conformación de distintas comisiones desde la década del 30, y en el contexto de una Huelga General, nace ADEOM (Asociación de empleados y obreros municipales). Organización sindical que, hasta el día de la fecha, representa al colectivo de trabajadores/as organizados/as municipales.

Anteriormente mencionamos que, a lo largo de los años, a través de distintos organismos, comisiones y autoridades se ha llevado adelante la gestión de los servicios y tareas municipales.

Hasta el año 2010, previo a la creación del tercer nivel de gobierno, los/as trabajadores/as municipales llevamos adelante la negociación con quienes designará el intendente/a de turno, o incluso con su propia figura, pero siempre bajo una misma línea política partidaria, situación que se vio cambiada desde la llegada de los municipios, teniendo en ocasiones tener que llevar adelante los planteos y reclamos con los dos gobiernos (Segundo y tercero) y que estos no sean del mismo partido político.

Esto dentro de la negociación, conlleva que, según el tema en discusión, se deba de discutir con los dos niveles de gobierno (Departamental y Municipal) y que estos no sean del mismo partido político, lo que desencadena que en varias oportunidades los trabajadores seamos rehenes de sus discordancias y se dilaten los tiempos de la negociación y resolución de los temas planteados.

Cabe aclarar, que más allá del nivel de gobierno (Departamental o municipal) en el que un trabajador/a desempeñe su función, ya sea dentro de la órbita departamental o municipal, los trabajadores/as organizados/as siguen nucleados/as en un único sindicato que es ADEOM, Asociación de empleados y obreros municipales. 

¿Avanzando o retrocediendo a través del tiempo?

En sus inicios, los servicios municipales eran cinco, distribuidos en Vialidad, Alumbrado Público, Saneamiento y Salubridad, Limpieza e Higiene y el transporte colectivo, conjuntamente con estos servicios básicos, la intendencia de Montevideo conformó desde sus inicios su Banda Sinfónica, la cual sigue vigente hasta la actualidad.

Con las reformas constitucionales y modificaciones legislativas, la intendencia ha sumado la prestación de cientos de nuevos servicios para la ciudadanía. Muchos de estos, perduran a lo largo de los años, sin embargo, otros han durado el lapso de tiempo de permanencia del gobernante de turno, e incluso fallado durante su gestión.

Según datos estadísticos, el mayor número de trabajadores en la plantilla municipal se dio en el año 1960, y luego en el primer gobierno del Frente Amplio, con el Dr. Tabaré Vázquez como intendente, donde los trabajadores/as municipales se situaron en el entorno de 13.000.

Desde fines de la década del 90, la plantilla municipal oscila en el entorno de 8400 funcionarios municipales, aunque a través de diferentes contrataciones y programas impulsados por los gobernantes de turno, se estima que están relacionados a las tareas y servicios que se brindan a la ciudadanía un entorno de 14000 trabajadores, incluidos los/as trabajadores/as dependientes de la intendencia. 

Independientemente de la plantilla de trabajadores/as municipales, y como se referenció anteriormente, la primera privatización de un servicio municipal se dio en el año 1869, existiendo en la década de las 60 contrataciones directas a través de arrendamiento de obra en el sector de alumbrado, situación que fue revertida por el sindicato en ese momento, municipalizando el servicio. Sin embargo, la sustitución de mano de obra municipal fue avanzando a través de distintas contrataciones disfrazadas según el gobierno de turno, llegando a la fecha con casi 6000 trabajadores externos a la IM que realizan tareas municipales.

Lejos en el tiempo quedó la prestación de los servicios con mano de obra 100 % municipal, sistemáticamente, el reemplazo de esta, mencionamos anteriormente se va dibujado a través de diferentes metodologías de contratación, por medio de una implementación continua y en aumento de precarización laboral, la cual atenta en forma directa a la vulneración de los derechos básicos laborales e incluso humanos de estos trabajadores.

El principio de la era privatizadora de los últimos tiempos

A fines de la década del 80, llegaba la primera gran privatización de uno de los servicios municipales de mayor importancia para la ciudadanía, como es el de la limpieza de la ciudad, y que se sostuvo en el tiempo hasta el año 2023.

El sindicato denunció desde un principio este atropello por parte de la administración de ese momento, dirigida por el representante del Partido Colorado, Economista Julio Iglesia Álvarez. 

Sumado a la mayor preocupación del colectivo de trabajadores, que era la pérdida de un servicio prestado a la población con mano de obra 100 % municipal, estaba el elevado costo del mismo, que implicaba grandes ganancias para la empresa adjudicataria, pero sueldos de hambre para sus trabajadores, quienes no llegaban a percibir la media de un salario municipal por la misma tarea.

Cuatro décadas pasaron, desde esta contratación, y de la cual, ADEOM siempre fue crítico, demostrando a través de las resoluciones de cada renovación lo elevado del costo de la prestación del servicio en referencia al mismo servicio prestado con mano de obra municipal, demostrando también, la diferencia salarial entre los trabajadores/as que desempeñaban la tarea para la empresa adjudicataria y los trabajadores municipales, quedando en evidencia la ganancia de la empresa adjudicataria y la ineficiencia del servicio prestado.

El tiempo evidenció que los reclamos del sindicato eran válidos, que el servicio privado no era de mayor calidad que el municipal, por el contrario. La gestión de Carolina Cosse atendió los reclamos históricos de ADEOM y analizó la situación, decidiendo rescindir el contrato con la empresa adjudicataria y gestionar el mismo a través de un fideicomiso.

Desde ADEOM esta decisión fue evaluada con buenos ojos, y en la actualidad se comenzó a trabajar para que estos trabajadores/as sean absorbidos como funcionarios/as municipales, existiendo antecedentes de pasaje de trabajadores contratados a través de fideicomiso a la órbita municipal.

A mediados de la década del 90, a través de llamados proyectos educativos, el Movimiento Salesiano Tacurú, desembarcó en la órbita municipal y su permanencia se sostiene hasta el día de hoy.

No existe un seguimiento real de este tipo de proyecto, de las condiciones de seguridad en la que desempeñan sus funciones, ni de la continuidad de sus participantes, e incluso el pago de haberes a quienes abandonan el proyecto.

La gran mayoría de quienes acceden a este tipo de convenios es población en situación de vulnerabilidad, a la que se le violentan los derechos laborales mínimos, y que por la falta de experiencia y recursos no realizan los reclamos correspondientes.

Se mencionó a este Movimiento como referencia, pero a lo largo de los años, varios son las distintas ONGs que se han sumado con proyectos educativos, desempeñando distintas tareas que antiguamente eran desempeñadas por mano de obra municipal, tareas que son permanentes, y no eventuales.

Los contratos de estos programas tienen una duración máxima de 12 meses, la mayoría de los inscriptos no culminan los procesos, uno de los motivos es el salario, sumamente por debajo del mínimo nacional, la falta de condiciones para el desempeño de la tarea y como decíamos anteriormente, la falta de un seguimiento real por parte de la IM.

Durante el segundo periodo de gobierno del Intendente Arquitecto Mariano Arana, los municipales perdíamos la limpieza integral del Palacio Municipal, este servicio en general desde esa época ha sido realizado por empresas privadas que acceden a la contratación a través de Licitaciones públicas, poca diferencia existe entre las situaciones descriptas con las ONGs.

Anteriormente se referenció la contratación de servicios a cooperativas o empresas amigas del gobierno de turno, como una de las metodologías disfrazadas, uno de los casos más claro, se dio en el gobierno del intendente Daniel Martínez con la Cooperativa Vos con voz, contratación en la que ADEOM denunció en varias oportunidades, no solo el relacionamiento político de esta con el intendente, sino la violación continua de los derechos laborales a sus trabajadores, en el que el funcionamiento lejos estaba del cooperativismo, donde los trabajadores, no solo no cobraban su salario en tiempo y forma, eran

hostigados y negados de los elementos de seguridad básicos para realizar su tarea.

Esta cooperativa no volvió a tener actividad a nivel municipal con el actual gobierno, situación que refleja lo que en su momento denunció el sindicato, surgió y permaneció durante un solo periodo.

En el periodo del Ing. Daniel Martínez como intendente, la IM comenzó a implementar, casi de forma general en algunos sectores, la modalidad de contratación de personal a través de contrato de arrendamiento por empresa unipersonal, esta metodología ya se venía ejerciendo con mayor periodicidad desde el gobierno de la Prof. Ana Olivera, y lamentablemente se encuentra en aumento con el actual gobierno de la Ing. Carolina Cosse como intendenta.

El arrendamiento de servicio a través de empresas unipersonales, vulnera totalmente los derechos del trabajador/a, esté factura efectivamente por los días trabajados, no pudiendo hacer uso de licencia médica ni licencia anual, no generando salario vacacional, ni aguinaldo. Hoy en día muchos son quienes desempeñan la tarea con esta modalidad de contratación, algunos incluso, desde hace más de 14 años, eso acaso, ¿no es precarización laboral?, una tarea que se desempeña por más de 14 años, ¿No es tarea permanente?

La pandemia y el avance de la precarización laboral

Uruguay no fue ajeno a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, muchos ciudadanos vieron afectados sus ingresos por las distintas series de medidas promulgadas por el gobierno, para mitigar el impacto en la sociedad, desde el gobierno nacional se presentó a través de la Ley N° 19952 el Programa Oportunidad Laboral, que regula el proyecto de Jornales Solidarios, el que sería supervisado por el segundo y tercer nivel de gobierno.

El programa consiste en una contratación de 4 meses, desempeñando 12 jornales mensuales, por un salario nominal de $ 13.000 (Salario del último llamado realizado a octubre de 2023)

Sumado a este tipo de contrataciones, desde la IM se impulsó el Programa ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía), este programa está centrado en la política de gestión que se viene llevando por parte de la Intendencia de Montevideo, uno de sus ejes, es el Plan Laboral ABC, que consiste en la contratación de personas en situación de vulnerabilidad a través de distintas Ongs que cuentan con convenio con la IM.

Los trabajadores/as que desempeñan estas tareas, son contratados en una modalidad similar al Programa Oportunidad Laboral, siendo víctimas de una violación continua a derechos laborales regulados por la normativa nacional, a modo de ejemplo, en caso de que un trabajador sufra el fallecimiento de alguno de sus progenitores, el mismo no puede acceder a los días de licencia correspondientes por ley, si el trabajador se enferma durante la quincena que desempeña sus jornales, el mismo no puede usufructuar el beneficio de certificaciones médicas.

Si hablamos de Condiciones y medioambiente de trabajo (CYMAT), lejos está de que se dé cumplimiento, pero quienes supervisan las tareas, entienden que darle un uniforme, chaleco reflectivo y zapatos es suficiente, no teniendo en cuenta que estos trabajadores deben de realizar su actividad con su mochila en la espalda, que no cuentan con gabinetes higiénicos ni lugares de bienestar, que los días de lluvia no tienen un lugar protegido al momento de esperar si se sale o no a la tarea.

Por último, la nueva modalidad de contratación implementada, y que viene avanzando con gran fuerza, es la contratación de servicios a través de unipersonales, con esta modalidad no hay un panorama claro en referencia costo/servicio, ya que existen arrendamientos que sobrepasan excesivamente un salario municipal por la misma tarea y otros casos donde cobran por debajo, lo que sí es claro, y como se mencionó anteriormente la falta de derecho laborales que tiene este colectivo de trabajadores.

Podemos tener varias preguntas, que van más allá de lo laboral, teniendo una percepción más social.

¿Es de ayuda este tipo de contratación, que viola los derechos de los trabajadores/as?

¿Este tipo de contratación, no fomenta la naturalización de informalidad del trabajo para quienes acceden a este tipo de programa?

¿El trabajo seguro, no es válido para este colectivo de trabajadores? 

¿Qué sería del futuro de las organizaciones sindicales con la implementación total de esta modalidad de trabajo?

Seguramente existen distintas visiones y argumentos para cada una de estas preguntas según la óptica desde donde se mire.

¿Dónde está el conflicto?

Partiremos de dos escenarios, el de la realización de tareas municipales a través de empresas privadas y el desempeño de las mismas a través de la implementación de distintos programas llevados a cabo por la administración de turno.

En el primero de los escenarios, los dueños de estas empresas se enriquecen, mientras que los trabajadores cobran salarios sumergidos, en general no sostienen una continuidad laboral y son violentados en sus derechos.

En el segundo, en las contrataciones que se realizan a través de Ongs y cooperativas (Aquí se incluye el programa ABC, además de distintas contrataciones que han perdurado a lo largo de los años), también existe una ganancia para estas, pero al menos se da una contrapartida a sus trabajadores o colaboradores a través de escasos cursos o talleres, en la mayoría de estos

casos tampoco se sostiene una continuidad laboral. En referencia al programa Oportunidad Laboral, no existe un intermediario, pero si hay coincidencia en cuanto a sostener una posibilidad laboral.

Ambos escenarios tienen varios puntos en común, comenzando por la realización de tareas municipales con diferente salario y en condiciones totalmente diferentes, de aquí surge el primer punto de nuestro conflicto, la pérdida de tareas históricamente realizadas con mano de obra 100%  municipal, que requieren cierta capacitación y experiencia, pasan a ser realizadas por personal que no cuenta con la experticia, y que además cobra un salario notoriamente inferior al salario municipal, generando  una gran inequidad.

Por otro lado, las CYMAT, brillan por su ausencia, y no es que la realidad en los distintos servicios municipales sea óptima, pero es un terreno en el que se viene avanzando con muy lentos, pero buenos resultados.

Existen entonces, dos grandes conflictos, uno, que puede ser tomado desde una mirada sindical interna, que es la pérdida de tareas a través de las distintas modalidades de contratación que ha llevado a cabo a lo largo de los años las distintas administraciones departamentales y municipales.

Este conflicto, que es histórico en nuestro Sindicato, y en el que casi no hemos tenido una victoria a lo largo de la historia, y que se encuentra en la plataforma reivindicativa de ADEOM desde hace décadas, ha generado en algunas oportunidades discrepancias con el PIT CNT (Plenaria Intencional de trabajadores Convención Nacional de Trabajadores), quien reivindicó y apoyó la implementación de los Programas Oportunidad Laboral y el ABC departamental, en el entendido que circunstancialmente  es una posibilidad de ingreso económico para varias familias, entiendo que en esta posición, se hace una valoración y un análisis desde la mirada social y no laboral,  donde entra otro gran conflicto, que es la precarización laboral.

¿Cuál es el costo que hay que pagar para tener una fuente de trabajo?

¿Dónde queda la dignidad del ser humano cuando no se le dan las garantías mínimas para desarrollar su tarea? Como por ejemplo contar con un gabinete higiénico.

Muchas batallas perdidas y pocas ganadas

Más allá de que la intendencia como tal comienza a funcionar en el año 1908, los servicios municipales se han brindado desde el inicio de la conformación de la ciudad, y la privatización de los mismos existe desde esas épocas, claramente con distintos nombres o modalidad, en 1869 existía la contratación a través de remates, la cual se sostuvo por varias décadas, intentando implementar en el año 1967 contrataciones por arrendamiento en el sector de Alumbrado Público, implementación que no se llevó a cabo gracias a la lucha llevada por ADEOM.

A fines de la década del 80, comenzaba el proceso privatizador de la era moderna para los municipales, proceso que fue avanzando y tomando fuerza con el paso de los años, y al cual desde la organización sindical no se pudo frenar, conviviendo hoy en día con más de 6000 trabajadores que realizan nuestra misma tarea, la mayoría de estos, en condiciones poco dignas, y con una rotación casi continua de personal.

No podemos decir que es un conflicto perdido por falta de negociación colectiva, al menos no hoy en día, porque la disposición al diálogo y de escuchar a los trabajadores organizados existe, no con las respuestas que esperamos, pero al menos en este último periodo de gobierno hemos sido escuchados y logrados pequeñas conquistas, aunque no para nuestro colectivo de trabajadores, logramos que en el contrato con similitud a Ong que se tiene con el DINALI (Dirección Nacional de Liberados), los trabajadores/as tengan un salario base como el de un municipal.

En el área de Cultura, trabajadores de TV Ciudad que hacía más de 30 años desempeñaban su tarea en modalidad de contrato a través de fideicomiso, pasaron a ser parte de la plantilla municipal, esperamos tener este resultado y en menor plazo con los trabajadores de la CAP, que hoy brindan tareas de limpieza por medio de fideicomiso.

Ante estas pequeñas conquistas que podrían ser tomadas como batallas ganadas, ya que fueron planteos realizados por ADEOM, diariamente ingresa un nuevo trabajador por un contrato unipersonal, o se renueva una compra directa o licitación con una empresa privada.

Anhelamos que llegue el día, en que todos estos trabajadores integren la plantilla de funcionarios/as municipales, porque entendemos que necesitamos manos para Re municipalizar tareas, para poder brindar un mejor servicio y que si estas personas ingresan a la órbita municipal, se dejará de enriquecer a unos pocos y se distribuirá el mismo o menor costo con la clase obrera. 

Por qué aquí no se trata de batallas entre trabajadores/as, se trata de que estos trabajadores/as tengan las mismas condiciones y el mismo salario que nosotros, porque es la misma tarea.

No abandonaremos la pelea, no solo para Re municipalizar servicios, sino que mientras tanto, nuestros compañeros de clase no sean violentados en sus derechos.

Seguiremos reivindicando que, 

 A TAREA PERMANENTE, TRABAJADOR PERMANENTE

Silvia Tejera